Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015): qué regula, artículo a artículo

La Ley 22/2015 regula la actividad de auditoría de cuentas, tanto la obligatoria como la voluntaria. Su artículo 1 fija el objeto: las condiciones y requisitos para ejercerla, el sistema de supervisión pública y los mecanismos de cooperación internacional. Se la conoce por sus siglas, LAC, y así la citan las notas aclaratorias que el ICAC añade a las NIA-ES. Para la auditoría de cuentas en general, con sus tipos y el proceso del encargo, consulta qué es la auditoría de cuentas.

El artículo 1.2 define qué es auditoría de cuentas a efectos legales:

Tres consecuencias prácticas de esa definición:

• Es una actividad reservada. El artículo 1.3 dice que la auditoría de cuentas «tendrá necesariamente que ser realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría», inscritos en el ROAC (art. 8).
• Tiene dos modalidades (art. 4): la auditoría de las cuentas anuales, que incluye verificar el informe de gestión, y la de otros estados financieros o documentos contables.
• Hay actividades que quedan fuera. Las auditorías que hacen los órganos del sector público en el ejercicio de sus competencias se rigen por su legislación específica (art. 1.4 y disposición adicional segunda). Tampoco es auditoría de cuentas un informe que no pueda tener efectos frente a terceros. Si la duda es si un informe de procedimientos acordados entra en esa definición, mira la guía.

La ley sustituyó al texto refundido de la anterior Ley de Auditoría de Cuentas (Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio), que su disposición derogatoria única deroga de forma expresa. Incorpora al derecho español la Directiva 2014/56/UE (disposición final séptima) y, para las entidades de interés público, convive con el Reglamento (UE) n.º 537/2014, que el artículo 2.1 declara aplicable.

La ley tiene un título preliminar, cinco títulos y, al final, once disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y catorce finales. Los enlaces llevan al artículo en el texto consolidado del BOE.

Esta tabla es la que suele faltar cuando alguien busca «qué dice la ley sobre…». Cada fila enlaza al artículo.

Independencia (arts. 14 y 15). El principio general es que el auditor debe ser independiente de la entidad auditada y «abstenerse de actuar cuando su independencia […] se vea comprometida» (art. 14.1). No puede participar en la gestión ni en la toma de decisiones de la entidad (art. 14.2). El artículo 15 obliga a identificar las amenazas (autorrevisión, interés propio, abogacía, familiaridad o confianza, intimidación), a aplicar salvaguardas y a documentarlo en los papeles de trabajo de cada auditoría. Ese análisis es lo primero que revisa una inspección.

Incompatibilidades (arts. 16 a 21). El artículo 16 enumera las causas. En resumen:

• Situaciones personales: ser administrador, directivo o apoderado general de la entidad auditada, o responsable de su área económico-financiera; tener un interés significativo directo; operar con instrumentos financieros de la entidad; aceptar obsequios que no sean insignificantes.
• Servicios prestados a la entidad auditada: contabilidad o preparación de los registros y estados financieros; valoración (con excepciones); auditoría interna (con excepciones); abogacía; diseño e implantación de procedimientos de control interno o de sistemas de información financiera (con excepciones).

Los artículos 17 a 20 extienden esas causas a entidades vinculadas, familiares, personas relacionadas con el auditor y entidades de su red. El artículo 21 dice cuánto tiempo cuentan: las incompatibilidades por servicios, desde el inicio del ejercicio auditado hasta que termina el trabajo; las personales, desde el inicio del año anterior al ejercicio auditado. El Reglamento las desarrolla en sus artículos 37 a 59.

Honorarios (arts. 24 y 25). Se fijan antes de empezar y para todo el periodo. No pueden ser contingentes ni depender de servicios adicionales (art. 24.1). El auditor comunica cada año al ICAC las horas y los honorarios por entidad, separando auditoría y otros servicios (art. 24.2).

En las entidades de interés público el umbral baja al 15 % (art. 41.2). El Reglamento detalla cómo se calcula el porcentaje (art. 64). En entidades que no son de interés público, el 30 % pasa a 35 % para auditores y sociedades pequeños (art. 64.5), y el 40 % durante tres años consecutivos cuando el porcentaje supera el 30 % por una abstención anterior en otra auditoría o por la finalización o aceptación de un trabajo de una entidad relevante (art. 64.3). También dispone que los honorarios se fijen según el esfuerzo de auditoría (art. 62).

Entidades que no son de interés público. El contrato inicial dura entre tres y nueve años y se puede prorrogar por periodos de hasta tres (art. 22.1). Si nadie dice nada antes de aprobar las cuentas del último periodo, se prorroga tácitamente tres años. Durante el periodo inicial o la prórroga, el contrato solo se rescinde con justa causa, y las discrepancias sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría no lo son (art. 22.2). Cuando la auditoría no es obligatoria, estos límites de tiempo no se aplican (art. 22.3).

Entidades de interés público. Aplica el artículo 40: la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas, es de diez años, ampliable en los supuestos del propio artículo (auditoría conjunta o convocatoria pública). Y hay rotación del equipo:

Una nota de fechas: la Ley 31/2022 modificó el artículo 40.1 y el Real Decreto-ley 20/2022 modificó los artículos 56.2 y 59, sobre los órganos del ICAC. Son las últimas modificaciones que recoge el texto consolidado.

Secreto profesional (art. 31). Obliga al auditor firmante, a la sociedad de auditoría, a sus socios, a los auditores designados y a «todas las personas que hayan intervenido en la realización de la auditoría». No pueden usar la información para nada que no sea la propia auditoría, sin perjuicio del deber de denuncia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El incumplimiento es infracción muy grave (art. 72.d). El Reglamento aclara que el deber sigue después de la baja en el ROAC (art. 73). Si usas herramientas de IA con datos de clientes, mira secreto profesional y herramientas de IA en la auditoría.

Archivo (art. 29). Cada trabajo tiene su archivo de auditoría, que reúne el análisis previo a la aceptación (con la independencia) y los papeles de trabajo que soportan las conclusiones. La ley fija un plazo:

Conservación (art. 30). Cinco años desde la fecha del informe. El Reglamento amplía el plazo si hay reclamación o litigio, hasta la resolución o sentencia firme, la finalización del procedimiento o cinco años desde la última actuación del auditor, y exige controles que impidan modificar el archivo una vez pasado el plazo de compilación, con constancia de las acciones realizadas (art. 72.2 RLAC). Incumplir ese deber es infracción muy grave (art. 72.g de la ley), salvo fuerza mayor. Cómo se organiza el archivo, en papeles de trabajo de auditoría.

Quién puede ver la documentación (art. 32). El ICAC, quien designe un juez, los supervisores sectoriales en casos graves, los órganos de control del sector público respecto de sus entidades, las corporaciones representativas de los auditores para verificar sus prácticas y el auditor sucesor en un cambio de auditor, entre otros. Todos quedan sujetos al secreto.

Otros deberes que impone la ley al auditor.

• Pedir y recibir la información necesaria (art. 6): la entidad debe facilitar cuanta información haga falta y el auditor está obligado a requerirla.
• Control de calidad interno (art. 28): un sistema propio, con un responsable último inscrito en el ROAC, que incluya medidas frente a las amenazas a la independencia y políticas sobre aceptación y continuidad de los trabajos, formación, supervisión y revisión.
• Registros (art. 29.3): de infracciones graves o muy graves, de consultas, de entidades auditadas (con honorarios) y de reclamaciones.
• Garantía financiera (art. 27): depósito, deuda pública, aval o seguro, en proporción al volumen de negocio.
• Información al ICAC (art. 24.2): cada año, horas y honorarios facturados a cada entidad auditada, separando auditoría y otros servicios.
• Formación continuada: la regula el Reglamento (arts. 33 a 36).

Supervisión (arts. 46 a 61). El ICAC controla de oficio la actividad mediante investigaciones e inspecciones (art. 52). Las inspecciones evalúan el sistema de control de calidad interno y revisan archivos de trabajos concretos; la periodicidad mínima es de seis años para las auditorías exigidas por el Derecho de la Unión Europea, sin perjuicio de lo que el Reglamento (UE) n.º 537/2014 exige para las entidades de interés público (art. 54.2). El resultado es un informe con requerimientos de mejora que el auditor debe cumplir en plazo (art. 54.4).

Infracciones (arts. 71 a 74). Se clasifican en tres niveles. Ejemplos de cada uno:

Sanciones (arts. 75 y 76). Las cifras de la ley:

Las infracciones prescriben a los tres años (muy graves), dos (graves) y uno (leves) desde que se cometen, y las sanciones al mismo ritmo desde que son firmes (arts. 85 y 86). Las sanciones firmes se publican en el Boletín del ICAC y se inscriben en el ROAC (art. 82). Para fijar la sanción, el artículo 80 manda valorar, entre otros criterios, la importancia de la infracción, el perjuicio causado, la intencionalidad y la conducta anterior.

Responsabilidad civil (art. 26). Es independiente de las sanciones: se rige por las reglas del Código Civil con particularidades. La responsabilidad es proporcional y directa, y la acción contractual prescribe a los cuatro años desde la fecha del informe.

La LAC dice quién puede auditar; quién debe auditarse se reparte entre tres normas:

1. La LAC, disposición adicional primera. Deben auditarse en todo caso las entidades que emitan valores admitidos a negociación, las que emitan obligaciones en oferta pública, las que se dediquen a la intermediación financiera, las aseguradoras, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, y los fondos de pensiones y sus gestoras, las que reciban subvenciones o contraten con el sector público «dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno», y las demás que superen los límites que fije el Gobierno.
2. El Reglamento (RD 2/2021), disposiciones adicionales primera a cuarta. Por tamaño, remite al artículo 263.2 de la LSC; por subvenciones, más de 600.000 € en un ejercicio; por contratos con el sector público, más de 600.000 € y más del 50 % de la cifra de negocios; y exige nombrar auditor antes de que termine el ejercicio que se va a auditar.
3. El artículo 263.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que exime a quien, durante dos ejercicios consecutivos, reúna al cierre de cada uno al menos dos de estas tres circunstancias: activo de hasta 2.850.000 €, cifra de negocios de hasta 5.700.000 € y plantilla media de hasta 50 trabajadores.

Una confusión posible: los umbrales de «entidad pequeña» del artículo 3.9 de la LAC (activo de hasta 4 millones, cifra de negocios de hasta 8 millones y 50 trabajadores) no son los de la exención de auditar del artículo 263.2 de la LSC. Cada uno vale para lo suyo.

Para ver los límites y las demás causas (consolidación, socios con el 5 %, nombramiento del registrador), mira qué empresas están obligadas a auditar sus cuentas.

El Reglamento de desarrollo de la LAC se aprobó por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero. Se publicó en el BOE el 30 de enero de 2021 y entró en vigor al día siguiente. Derogó el reglamento anterior, el Real Decreto 1517/2011. Según el BOE, no se ha modificado desde entonces.

Desarrolla la ley con mucho más detalle operativo. Qué encontrarás en cada parte:

Dos artículos del Reglamento que resuelven dudas muy típicas: el artículo 10 (qué pasa si la entidad no entrega las cuentas, o si el auditor no puede aplicar procedimientos) y el artículo 69 (qué debe contener el archivo de auditoría).

El artículo 2.1 de la LAC dice que la auditoría se hace «con sujeción a esta Ley, a su Reglamento de desarrollo, así como a las normas de auditoría, de ética e independencia y de control de calidad interno». Son cuatro capas con rango distinto:

Por eso una NIA no rige en España hasta que el ICAC la publica, y por eso las NIA-ES llevan notas aclaratorias con referencias a la LAC y al RLAC. Qué normas hay vigentes y qué dice cada una, en el índice de NIA-ES. Cómo se aplican al informe, en informe de auditoría: estructura y tipos de opinión.

Comprobado el 27 de octubre de 2026 en el BOE y en la web del Congreso.

Lo que no ha cambiado

• El texto de la Ley 22/2015. El BOE indica «Última actualización publicada el 28/12/2022»: es la fecha de publicación del Real Decreto-ley 20/2022 (de 27 de diciembre), que modificó los artículos 56.2 y 59. Ningún bloque del texto consolidado tiene una versión posterior al 28 de diciembre de 2022. Los cambios anteriores fueron: Ley 31/2022 (art. 40.1), Ley 28/2022 (art. 5.1.g y h y disposición adicional undécima), Ley 5/2021 (arts. 5.1.f, 35, 78.3 y DA 3.ª), Ley 11/2018 y Real Decreto-ley 18/2017 (art. 35).
• El Reglamento. El texto consolidado del BOE no recoge ninguna norma posterior que lo modifique.
• Los límites de la auditoría obligatoria. El artículo 263.2 de la LSC sigue como lo dejó la Ley 14/2013: 2.850.000 € de activo, 5.700.000 € de cifra de negocios y 50 trabajadores.

Lo que se movió en 2026, pero no es la ley

• Resolución del ICAC de 22 de enero de 2026 (BOE del 30 de enero, BOE-A-2026-2234). Modifica las NIA-ES 510, 570 (Revisada), 600 (Revisada), 700 (Revisada), 705 (Revisada), 706 (Revisada), 710 y 720 (Revisada) y añade a la NIA-ES 700 la comprobación sobre el informe del impuesto sobre sociedades que exige el artículo 5.1.g de la LAC: el auditor declara si la entidad estaba obligada a presentar ese informe en el ejercicio previo y, si lo estaba, que consta su publicación en la web de la sociedad y en el Registro Mercantil, sin auditar su contenido. La resolución se aplica a ejercicios iniciados desde el 22 de junio de 2025; y, en todo caso, a encargos contratados desde el 1 de enero de 2026; la responsabilidad fiscal solo a ejercicios iniciados desde el 22 de junio de 2025. Qué cambia en el informe, en qué cambia en el informe de auditoría con la NIA-ES 700 revisada.
• Proyecto de la NIA-ES 570 (Revisada 2024). La Resolución del ICAC de 16 de julio de 2026 (BOE del 7 de agosto, BOE-A-2026-17276) sometió a información pública, durante dos meses, esa norma y las modificaciones de concordancia en otras NIA-ES. Es un borrador: no está en vigor. Según el artículo 6.1 del Reglamento, el ICAC tiene un máximo de tres meses desde que termina la información pública para publicar el texto o devolverlo a las corporaciones con sus motivos. La norma trata el principio de empresa en funcionamiento y su incertidumbre material.

Lo que caducó

• Dos proyectos de ley que tocaban la LAC dejaron de existir el 6 de octubre de 2026, cuando el Real Decreto 806/2026 disolvió el Congreso y el Senado (las elecciones están convocadas para el 29 de noviembre de 2026). Según la ficha del Congreso, ambos están «Concluido - (Caducado) desde 06/10/2026»:
  • Proyecto de Ley 121/000075, sobre los criterios de tamaño de las empresas. Subía los límites del artículo 263.2 de la LSC a 3.565.000 € y 7.125.000 € y cambiaba las definiciones de entidad pequeña y mediana del artículo 3.9 y 3.10 de la LAC.
  • Proyecto de Ley 121/000038, de información empresarial sobre sostenibilidad. Modificaba el Código de Comercio, la LSC y la LAC.

Si lees en algún blog que los límites de la auditoría «han subido» a 3.565.000 € y 7.125.000 €, es una confusión con el primer proyecto. No están en vigor. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio), tampoco los toca: su texto consolidado no contiene el artículo 263 ni esas cifras.

Qué mirar a partir de ahora: que el ICAC publique la NIA-ES 570 definitiva y, cuando se constituyan las nuevas Cortes, si el Gobierno vuelve a presentar alguno de los dos proyectos. Esta página se revisará y su fecha se actualizará cuando cambie algo.